“Esto fue un trabajo de los senadores. Pero acá nadie reconoce nada”, disparó Miguel Pichetto en el plenario de comisiones del miércoles, donde se emitió dictamen del megaproyecto para pagarle a los jubilados, blanquear fondos del exterior y cancelar deudas con gobernadores.

La bronca no quedó ahí: el jefe del bloque FpV-PJ y sus senadores cercanos se comunicaron con el Ejecutivo para pedir “un interlocutor válido” dispuesto a negociar la agenda legislativa, que en el Senado nunca está clara.

Pensaron en el coordinador económico Mario Quintana, pero Macri no lo quiere seguido en el Congreso. Ya lo considera su sostén para el día a día de la gestión, una tarea que en la Ciudad de Buenos Aires ejercía Horacio Rodríguez Larreta.

Rogelio Frigerio suele recibir en su despacho a Pichetto y al formoseño José Mayans, pero no siempre está al tanto de la agenda parlamentaria.

Para Macri el Senado no requiere demasiado tiempo. Descansa en Ernesto Sanz para el oficialismo (ya le encargó relevar a Ángel Rozas) y en los gobernadores, hacedores de la mayoría de los senadores del FpV-PJ.

Asesorado por Marcos Peña, el presidente rechazó hace tres meses un acuerdo de gobernabilidad, ideado por Pichetto y acercado por Gabriela Michetti, que consistía en la garantía de un paquete de leyes a cambio de auxilio financiero a las provincias.

“La foto nos perjudica”, se impuso el jefe de Gabinete y Macri prefirió negociar ley por ley, aunque eso significara un semestre sin completar la Corte Suprema. Todo sea por la imagen.

Bien diferente es su actitud en Diputados, donde para obtener su mayoría le permite a Diego Bossio y Sergio Massa reescribir los proyectos.

El tigrense llegó a intermediar con el Senado. Visitó a Pichetto para negociar cambios en la ley antidespidos y lo recibió hace quince días en su despacho, mientras los gobernadores telefoneaban a sus senadores para aprobar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Reunidos en el hotel Conte, donde suele descansar el formoseño Gildo Insfrán, los mandatarios insistían a sus legisladores que sólo si aflojaban se liberarían obras públicas paralizadas. Todos obedecieron.

En aquella reunión, Pichetto exigió a Massa algunos retoques en la ley del arrepentido (como que alcance a los imputados), tal vez el último proyecto del Ejecutivo que pase por el filtro de los senadores peronistas, antes de replantear su vínculo con la Casa Rosada.

Mientras tanto, seguirán con su agenda propia, que ya mostraron capaces de imponer cuando aprobaron la ley antidespidos y encendieron la multitudinaria marcha sindical del 30 de abril. Esa vez no hubo llamados de gobernadores que surgieran efecto.

Mañana avanzarán con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, exigida por el peronismo a cambio de aprobar los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz.

Como explicó LPO, Macri acepta el debate sólo si no le exigen que los nuevos jueces tengan militancia política, condición que enfureció a Pichetto, interesado en sumarse al máximo tribunal. Germán Garavano le respondió de la peor manera: “No hay ninguna ampliación de la Corte”, afirmó.

Un proyecto que el Gobierno quiere cuanto antes es la unificación de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción con los correccionales, una de las propuestas del ambicioso plan justicia 2020. El líder los judiciales, Julio Piumato, se opone a la fusión y llama seguido a los senadores peronistas para que la cajoneen.

Otra urgencia del Gobierno son los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), enviados la semana pasada. No se tratarían antes de agosto. Tampoco hay fecha para sancionar la ley de información pública. 

El miércoles debería sancionarse el megaproyecto sobre pago a jubilados y blanqueo, con los acuerdos del Gobierno con las provincias, incorporación que descontaría cualquier rebelión.

Fue lo que supuso Quintana cuando escribió el proyecto. Por eso los senadores peronistas quieren hablar con él. Y explicarle que tal vez las cosas empiecen a cambiar.